Varios trabajadores migrantes en la ciudad de Doral, Florida, han comenzado a perder sus empleos tras la reciente suspensión de permisos de trabajo para beneficiarios del parole humanitario y del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a ciudadanos de Venezuela. La situación, que afecta también a cubanos, haitianos y nicaragüenses, ha generado preocupación en diversas comunidades del sur de Florida.
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, confirmó que tanto la alcaldía como empresas privadas en la ciudad han iniciado despidos debido a esta medida. “Hemos sido afectados porque teníamos empleados bajo TPS y tuvimos que despedirlos porque no contaban con otro tipo de permiso laboral”, explicó Fraga durante una entrevista con el programa Al Punto Florida.
Fraga señaló que muchas personas en su comunidad dependían de estos estatus migratorios para poder trabajar legalmente. Aunque algunos migrantes tienen otro tipo de documentación que les permite seguir laborando, no es el caso de todos. “La mayoría tenía algún tipo de estatus, pero hay quienes no tienen otra alternativa”, indicó.
La medida forma parte de una decisión judicial relacionada con políticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Aunque los programas de parole y TPS aún están bajo revisión legal, la Corte Suprema ha determinado que, mientras no se emita un fallo definitivo, los beneficios asociados a estos estatus quedan temporalmente suspendidos.
El impacto no solo afecta a empleados públicos como los que trabajaban en el gobierno de la ciudad, sino también a cientos de trabajadores en el sector privado, desde restaurantes hasta obras de construcción, que ahora se ven obligados a dejar sus puestos. En muchos casos, se trata de personas que habían encontrado cierta estabilidad tras huir de situaciones de crisis en sus países de origen.
Los afectados por esta suspensión se enfrentan ahora a una doble incertidumbre: la imposibilidad de trabajar legalmente y el riesgo de enfrentar consecuencias migratorias si no logran regularizar su estatus por otra vía. Algunos abogados especializados en inmigración han advertido que, aunque la suspensión no implica deportación inmediata, sí complica gravemente la situación legal de miles de personas.
Diversas organizaciones defensoras de migrantes han comenzado a movilizarse para pedir una revisión urgente de la medida y protección temporal para quienes ya se encontraban trabajando de forma legal. Mientras tanto, las historias de quienes han perdido sus empleos se multiplican, mostrando el lado humano de una batalla legal que aún está lejos de resolverse.
(Con información de Univisión Miami)
Redada migratoria en empresa de Miami-Dade deja 11 detenidos: denuncian irregularidades
Hace 6 horas
'No son criminales': Eva Longoria y otros artistas se pronuncian ante redada migratoria
Hace 9 horas