El llamado “Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales”, iniciado este lunes en Cuba y promovido directamente por Miguel Díaz-Canel, vuelve a exponer una realidad preocupante: el régimen utiliza la legalidad como un instrumento de control, no como garantía de justicia social.
Según reportes oficiales, esta jornada —que se extenderá hasta el 28 de junio— moviliza a las organizaciones políticas, al Ministerio del Interior, a las estructuras de gobierno, medios de comunicación y mecanismos de “control popular”. Pero lejos de tratarse de una estrategia jurídica coherente y sostenida, se trata de un operativo ideológico y represivo, donde los llamados "juicios ejemplarizantes" ocupan un lugar central.
Estos ejercicios no son sinónimo de fortalecimiento del Estado de Derecho, sino muestras cuidadosamente orquestadas para sembrar el miedo entre la población. Los juicios ejemplarizantes, en lugar de responder al principio de justicia imparcial, se convierten en espectáculos punitivos diseñados para disuadir conductas que el poder considera indeseables. En Cuba, la ley no se aplica con equidad ni cotidianidad, sino cuando el Partido decide enviar un mensaje.
El propio Díaz-Canel lo dejó claro al ordenar que este ejercicio sea “superior al anterior” y al insistir en evitar la “rutina”. Traducción: una campaña más intensa, más visible y más intimidante. Se trata, en esencia, de un ensayo de represión masiva con envoltorio legal.
La agenda del régimen incluye desde auditorías e inspecciones hasta visitas a personas “desvinculadas del estudio o el trabajo”, es decir, jóvenes desempleados o fuera del sistema educativo que el Estado considera peligrosos por el solo hecho de no encajar en su modelo. También se activan “patrullas campesinas” y “destacamentos de vigilancia cederista”, recordatorios de que el control social en Cuba se basa en la delación y la presión comunitaria.
Mientras la ley debería servir para proteger los derechos individuales y el bien común, el Estado cubano la ha convertido en una herramienta para reforzar su poder. Las auditorías y controles fiscales no son malas en sí mismas, pero pierden toda legitimidad cuando se aplican de manera selectiva, con fines políticos, y sin transparencia.
No es casualidad que estas campañas ocurran cuando aumentan las tensiones sociales y los reclamos ciudadanos por la falta de alimentos, los apagones interminables y la represión política. El ejercicio de “prevención” es, en realidad, una demostración de fuerza: una advertencia a quienes osen desobedecer, protestar o simplemente vivir fuera del molde que impone el régimen.
La verdadera justicia no se construye a base de operativos masivos ni de juicios espectaculares. Se construye con instituciones independientes, leyes claras, respeto a los derechos humanos y garantías para todos. En Cuba, sin embargo, la ley sigue siendo una mascarada, un escenario donde la dictadura simula orden mientras afianza el miedo.
Este tercer ejercicio nacional no fortalece la legalidad. La secuestra.
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